Desde el Centro de Energía UCSC advierten que estos delitos afectan directamente la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad de la población.
La seguidilla de robos de cables eléctricos en Talcahuano ha encendido las alertas por sus consecuencias en el sistema de distribución eléctrica. Solo en lo que va de 2025, la empresa CGE ha reportado más de 100 episodios, superando el total regional de todo el año anterior. Este tipo de delitos, que afectan a distintos puntos del país, no solo implica un daño económico y técnico, sino que impacta directamente en la calidad de vida de la población, especialmente en sectores residenciales y urbanos.
“El robo de cables genera una interrupción en los circuitos que conforman la red eléctrica de una zona urbana. Al interrumpirse el flujo de energía, se pierde la disponibilidad de suministro en ciertos sectores, que quedan sin electricidad hasta que se identifica el punto afectado”, explica el Dr. Ricardo Lizana, Director del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC). A esto se suma la falta de monitoreo punto a punto en el sistema de distribución, lo que obliga a esperar que los propios usuarios reporten el corte, retrasando la reposición del servicio.
La localización del daño no es inmediata. “Las empresas de distribución deben realizar un trabajo arduo para encontrar el circuito alterado. Este proceso puede extenderse por varias horas, generando una espera prolongada para los vecinos afectados”, advierte el académico.
Más allá del daño a postes, líneas o subestaciones, estos robos acarrean efectos sociales de alto impacto. “Mientras no se identifica el sector afectado, las personas quedan sin energía, lo que puede provocar desde la pérdida de alimentos por falta de refrigeración hasta serios problemas en hogares con personas electrodependientes. Además, si ocurre de noche, la falta de iluminación pública incrementa el riesgo ciudadano”, sostiene el Dr. Lizana.
Entre las soluciones técnicas y de gestión que podrían implementarse, el especialista enfatiza la importancia de modernizar la infraestructura. “Integrar sistemas de monitoreo es clave para la rápida identificación de los sectores afectados. Y a mediano plazo, avanzar hacia sistemas de distribución subterránea podría ser una medida eficaz para reducir este tipo de ilícitos”, propone.
Desde el Centro de Energía UCSC, advierten que estos hechos deben ser abordados no solo desde el ámbito policial, sino también desde una mirada de resiliencia del sistema eléctrico y resguardo de la seguridad comunitaria.
