En los últimos años, Chile ha dado pasos significativos hacia una nueva institucionalidad para abordar de manera más justa y especializada las distintas realidades que viven niños, niñas y adolescentes. Uno de estos avances es la creación de dos servicios públicos especializados que reemplazan al antiguo SENAME, una institución que durante décadas intentó —sin éxito— responder a dos misiones profundamente distintas: por un lado, la protección de la infancia vulnerada; por otro, la responsabilidad penal adolescente.
La separación de estas funciones en dos servicios distintos, radicados incluso en diferentes ministerios, era un anhelo transversal largamente esperado. Así lo recogieron durante años las cuentas públicas presidenciales y las recomendaciones internacionales, especialmente del Comité de Derechos del Niño. Separar funciones no es solo una decisión técnica; es también una decisión ética que reconoce que las trayectorias de vida y las necesidades de los adolescentes no son homogéneas y no pueden ser abordadas bajo una lógica única.
Hoy, con ambos servicios ya en funcionamiento, el desafío que enfrentamos es dar un paso más: asegurar que esta nueva institucionalidad no solo exista, sino que efectivamente funcione. Que el Estado cumpla de manera integral sus dos deberes hacia la niñez y adolescencia: reparar el daño de quienes han sido víctimas de vulneraciones —la mayoría dentro de sus propias familias— y, al mismo tiempo, acompañar a quienes han cometido delitos, promoviendo su responsabilización, pero también creando condiciones para su cambio y reinserción.
Este doble mandato exige mirar con realismo las trayectorias de vida más complejas. Muchos adolescentes que hoy son parte del sistema de justicia juvenil han vivido, también, múltiples vulneraciones. No se trata de una falla del sistema, sino de una realidad compartida en todo el mundo: existe una intersección entre quienes han sido víctimas y quienes han ejercido violencia. Como señaló el presidente Gabriel Boric en su reciente cuenta pública: “Es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia. Hay que prevenir, y una vez ocurrido el delito, no podemos dejar a esas personas a su suerte”.
Ese es precisamente el sentido del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que comenzó su funcionamiento en 2023. No basta con sancionar: hay que ofrecer caminos. Y para que esos caminos existan, se requiere coordinación interinstitucional y enfoque especializado. También implica superar miradas simplistas y dicotómicas —víctimas versus victimarios— y ser capaces de ver a los adolescentes en toda su complejidad, sin renunciar nunca a la posibilidad del cambio.
Desde el Servicio de Reinserción Social Juvenil asumimos con convicción este desafío. No solo trabajamos para que adolescentes que han infringido la ley enfrenten con responsabilidad sus actos, sino también para que encuentren oportunidades reales. Sabemos que la reinserción no es un gesto simbólico: es una tarea concreta, difícil y profundamente necesaria. Y es, como dijo el presidente, un deber moral de toda la sociedad.
Rocío Faúndez García
Directora Nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil
