El uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos ha generado un fuerte debate ético y legal en el país. El abogado José Antonio Santander analizó el caso y subrayó la urgencia de fortalecer la normativa vigente.
Un escándalo de proporciones sacude al país: más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, según reveló la Contraloría General de la República. Las cifras, que incluyen 35.585 casos irregulares y 59.575 movimientos internacionales durante periodos de reposo, han puesto en evidencia una práctica profundamente arraigada y una preocupante falta de fiscalización.
Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), José Antonio Santander, estos hallazgos revelan una conducta que se ha naturalizado por años. “A nadie le sorprende escuchar expresiones como ‘voy a tomarme una licencia médica’, cuando en realidad esa decisión corresponde exclusivamente a un profesional de la salud que evalúe una incapacidad temporal. Esa normalización del uso indebido del reposo, en muchos casos, ha desvirtuado completamente su objetivo”, explicó.
El informe también dio cuenta de la participación de médicos que se otorgaron licencias a sí mismos o las emitieron sin la evaluación adecuada de los pacientes. “La ley deposita en estos profesionales el principio de buena fe. La mayoría actúa con probidad, pero el pequeño grupo que no lo hace causa un daño incalculable al sistema previsional”, señaló Santander, advirtiendo sobre la responsabilidad ética y legal de quienes emiten estos documentos.
En este contexto, el académico subrayó la urgencia de reformar un sistema que califica como obsoleto. “El reglamento de licencias médicas es de 1984 y sus sanciones son insuficientes. La ley 20.585 de 2012 tampoco ha logrado un efecto disuasivo. Las multas o suspensiones temporales no bastan frente a quienes hacen de estas prácticas un modo de operar”, enfatizó.
A juicio del académico, el Estado debe avanzar hacia medidas más estrictas, tanto para quienes emiten como para quienes utilizan licencias de forma indebida, de modo que el reposo laboral vuelva a cumplir su verdadero propósito: la recuperación de la salud.
