La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, informó que la I. Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva para dos abogadas de Los Ángeles, en el marco de una investigación por delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en dicha ciudad.
Se trata de las abogadas de libre ejercicio de la profesión, Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, quienes cumplen la medida cautelar privativa de libertad en el penal Biobío, en Concepción.
La Fiscal Regional destacó que el tribunal de alzada sumó más delitos a los que habían sido acreditados por la magistrada Claudia Aguilera González, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, pues los ministros consideran que se dan por establecidos el soborno y el tráfico ilícito de armas.
Otros delitos que enfrentan las imputadas son asociación criminal, obstrucción a la investigación, acceso indebido a sistemas informáticos y prevaricación del abogado.
Los ministros de la Corte, quienes fallaron de forma unánime, precisaron que las formalizadas son “un peligro para el éxito de la investigación y para la seguridad de la sociedad”. Acotaron que “no pasa por alto a estos juzgadores que, entre las conductas atribuidas a las encausadas, hay algunas que afectan directamente a la fe pública y a la administración de justicia”.
A las abogadas formalizadas se suma en esta investigación el exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado (esposo de la imputada Susana Cortés), quien fue formalizado por revelación de secreto y quedó con las medida cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de comunicarse con los demás imputados, incluida su cónyuge.
Un cuarto formalizado en esta investigación es el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, quien está con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, y prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los otros imputados. Nelson Sáez está formalizado por cohecho reiterado.
La forma de operar:
Respecto de la asociación criminal, las abogadas formalizadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, quien fallaba en favor de sus intereses.
También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía, lo que favoreció a sus esposas en las defensas de sus clientes.
También se expuso que ambas abogadas advirtieron a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones.
Tanto la magistrada como el fiscal imputado en esta causa no fueron formalizados en esta oportunidad, pues para pedirles medidas cautelares es necesario que la I. Corte de Apelaciones de Concepción apruebe una querella de capítulos en su contra, explicó la Fiscal Regional, Nayalet Mansilla. Precisó que dicho requerimiento se presentará en los próximos días.
El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó tres meses de plazo para la investigación de la fiscalía, la que se realiza con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.
