“Es vergonzoso que las disputas políticas entre la Delegación Presidencial y el Gobierno Regional, tengan paralizados los drones destinados a perseguir los delitos”, dijo.
Desde el año 2021, la oposición ha venido fiscalizando la continuidad del programa de Televigilancia Móvil en Ñuble, política implementada en el Gobierno anterior por un costo cercano a los $580 millones y que ha permitido la identificación de delitos a través del funcionamiento de drones de seguridad.
Tras conocerse la noticia de que esta implementación tecnológica se encuentra sin uso, el ex intendente Cristóbal Jardua criticó a las autoridades por el no traspaso de $316 millones desde el Gobierno Regional a la autoridad central, lo que ha afectado la continuidad del programa tal como fue concebido en su etapa inicial.
“Es vergonzoso que las disputas políticas entre la Delegación Presidencial y el Gobierno Regional, tengan paralizados los drones destinados a perseguir los delitos en la región. Recordemos que en el mes de diciembre, esta tecnología permitió un decomiso histórico de drogas en Pemuco, por más de $8 mil millones, pero aun así no se ha actuado con la celeridad necesaria en un proyecto que contribuye a la seguridad de nuestros vecinos”, criticó.
“La ineficiencia en la ejecución de este programa no es algo nuevo. Vemos con preocupación cómo en nuestra región no hay un plan de desarrollo, no están todas las autoridades instaladas y el Presidente ha designado a dos delegados presidenciales en un año y medio. De esta forma, es imposible cumplir los objetivos de seguridad que nuestra región demanda”, agregó. A juicio del ex intendente Cristóbal Jardua, a quien le correspondió en su momento liderar las políticas de seguridad en la región, “el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) evidencia que los delitos han aumentado en un 9,4% el último año, lo que confirma una tendencia al alza por las pobres políticas de seguridad en nuestra región”.
“El programa de Televigilencia Móvil fue completamente desnaturalizado, por un capricho de este Gobierno de anular lo que con tanto éxito hicimos en su momento, pero finalmente estas decisiones perjudican a la comunidad regional en su conjunto”, comentó Jardua, quien recordó que la fortaleza del programa radicaba en la vinculación con juntas de vecinos y organizaciones comunitarias del territorio.
