Las parlamentarias sostienen que no es adecuado que se modifique la normativa vigente en materia de filiación, mediante vías diferentes a la establecida en la Constitución.
Un pronunciamiento respecto a la pluriparentalidad en el ordenamiento jurídico chileno solicitaron las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, al ministro de Justicia, Luis Cordero, esto luego que el Juzgado de Familia de Osorno dictara una sentencia en la que permite que un menor sea inscrito en su certificado de nacimiento con su madre, su padre biológico y su padre de crianza. Vía oficio, las parlamentarias plantean que el concepto de pluriparentalidad es ajeno a la regulación que contempla el Código Civil.
“La pluriparentalidad no tiene cabida en nuestro sistema jurídico, pues a la fecha no existe ninguna ley o norma que permita o reconozca su vigencia en el Derecho de Familia chileno. Es muy grave que se introduzca esta nueva figura legal a nuestra legislación, sin respetar el procedimiento democrático de formación de la ley”, sentenció la diputada Muñoz.
“Creemos -agregó- que se estaría vulnerando el principio de legalidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y en especial el inciso segundo de este último que prescribe: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.
La diputada Sara Concha, en tanto, indicó que “con este oficio esperamos que el ministro Cordero se pronuncie respecto a esta medida en el Juzgado de Familia de Osorno, ya que sería una decisión anticonstitucional debido a que la pluriparentalidad no existe en nuestro sistema jurídico, se estaría vulnerado la ley. Es por este motivo que solicitamos que se emita un pronunciamiento desde Justicia para evitar que se genere un precedente en esta materia”.
Las legisladoras advirtieron que en ningún caso tienen la intención de inmiscuirse en las decisiones de los tribunales, sino que su solicitud se sustenta en la necesidad de un pronunciamiento de la Cartera respecto a la situación y para que adopte todas las medidas que correspondan, para evitar eventuales intromisiones de otros poderes del Estado, en las funciones legislativas.
