Fiscalía y PDI logran detención de imputado que traficaba en el terminal de buses La Merced y también de su proveedora
La Fiscalía de Chillán, y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Chillán lograron la detención de Cristian Barra Llanquileo y de Carola Venegas Toledo, quienes fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas y quedaron en prisión preventiva. Se incautaron casi 1 kilo de cocaína y más de 800 gramos de marihuana.
La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, explicó que el detenido varón comercializaba sustancias ilícitas en un local comercial del sector del paseo del terminal de buses La Merced, y que gracias al trabajo de inteligencia policial se pudo identificar el lugar donde se abastecía.
Acotó que con estos antecedentes, la fiscal de Drogas de la Fiscalía de Chillán, Marcia Venegas Barba, solicitó al Juzgado de Garantía una orden de entrada y registro a un domicilio de esta misma ciudad, donde fue detenida la imputada mujer.
En poder de Cristian Barra se incautaron 196,5 gramos de cocaína y 24,4 gramos de marihuana. Y en la vivienda de Carola Venegas, 770,5 gramos de cocaína y 798,5 gramos de marihuana. Además, de 1,2 millones de pesos y elementos para la dosificación de droga, como una balanza digital.
El jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, subprefecto Jonathan Silva Concha, detalló que “en la entrada y registro del domicilio, ubicado en el sector oriente de la ciudad y que servía de centro de acopio, se incautó la mayor cantidad de droga que mantenían en reserva para ser comercializada en el local comercial y de esta forma lograr ganancias avaluadas en más de 25 millones de pesos”.
En tanto el Delegado Presidencial Regional de Ñuble señaló que “es fundamental que la comunidad tome contacto con el fono denuncia seguro, ya que esta importante diligencia ha tenido éxito gracias a los primeros antecedentes entregados al fono*4242, de esta forma ayudamos a que las instituciones tengan grandes resultados en el combate a la droga”.
La Fiscalía expuso en la audiencia de formalización que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva.
El Juzgado de Garantía de Chillán dio tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y de la Brianco de la PDI.
