Proyecto de ley que exige actividad física diaria en establecimientos escolares dio su primer paso legislativo tras ocho años de tramitación. El Dr. Carlos Matus, académico de la UCSC, valora la iniciativa, pero advierte retrasar políticas para fomentar la actividad física escolar es una negligencia sanitaria.
En un país donde uno de cada dos escolares presenta sobrepeso, la reciente aprobación (en su primer trámite constitucional) del proyecto de ley que promueve la actividad física diaria en los establecimientos educacionales representa un avance significativo para la salud y el bienestar de la infancia y adolescencia chilena.
La iniciativa, que ha sido postergada durante ocho años, busca que estudiantes desde la educación parvularia hasta la enseñanza media realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física en sus establecimientos. Esta práctica no podrá ser reemplazada por la clase de Educación Física obligatoria.
Para el Dr. Carlos Matus, director del Departamento de Ciencias de Deporte y Acondicionamiento Físico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) e integrante del Observatorio de Acompañamiento Técnico del Ministerio del Deporte, que esta medida lleve ocho años en tramitación “representa una oportunidad perdida en la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas, más aun considerando los alarmantes resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2024, que revelan altos niveles de inactividad entre escolares”.
No obstante, si la normativa llegara a implementarse de manera efectiva, sus beneficios serían múltiples. “Podría mejorar la resistencia cardiovascular, la fuerza, la composición corporal y prevenir enfermedades no transmisibles. Además, la actividad física regular reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, y mejora la autoestima, el rendimiento académico y la concentración”, explica el académico.
A pesar de las virtudes del proyecto, Matus es enfático en que su aplicación no está exenta de desafíos. Entre ellos, menciona la falta de infraestructura adecuada, especialmente en zonas rurales o de alta vulnerabilidad, la rigidez del currículum escolar, y la percepción errónea de que la actividad física es secundaria frente a otras asignaturas. A ello se suma la necesidad de capacitar no solo a docentes de Educación Física, sino también a todo el equipo educativo, así como contar con recursos didácticos adecuados, financiamiento y acompañamiento técnico diferenciado. “Sin protocolos claros de gestión escolar, planificación horaria y evaluación, esta política corre el riesgo de quedarse en la intención”, advierte.
Finalmente, el experto subraya que la lucha contra la obesidad infantil debe ser abordada de manera integral y multisectorial. “Se necesitan políticas complementarias, educación nutricional desde la primera infancia, regulación del entorno alimentario, fortalecimiento de espacios deportivos comunitarios, seguimiento en atención primaria de salud, campañas de comunicación masivas, y el trabajo articulado de los ministerios de Salud, Educación, Deporte y Desarrollo Social. A su vez se necesita voluntad política, visión a largo plazo y una coordinación efectiva para que la promoción de la actividad física en las escuelas sea más que una declaración, y se convierta en una realidad cotidiana en beneficio de nuestros niños y niñas”, concluye.
