El Día Internacional de la Mujer, nos invita a hacer un ejercicio de memoria. No una memoria nostálgica, sino una memoria propositiva, capaz de dialogar con el presente y proyectar un mejor futuro para todas. En el espacio universitario, este ejercicio adquiere una densidad particular: reconocer el camino recorrido por las mujeres que nos antecedieron y comprender que los desafíos que hoy asumimos no surgen de la nada, sino de múltiples historias de esfuerzos persistentes por la dignidad y la justicia en nuestra sociedad.
En Chile, hitos como el Decreto Amunátegui, que permitió el ingreso de las mujeres a la universidad en el siglo XIX, y el reconocimiento del voto femenino en 1949 marcaron puntos de inflexión en el acceso a derechos civiles y educativos. Más recientemente, la Ley 21.369 estableció un marco claro para prevenir y sancionar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Cada uno de estos avances ha ampliado el horizonte de participación y ha fortalecido la convivencia democrática.
Este año, además, nuestro país ha dado un paso significativo con la promulgación de la Ley 21.805, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y la Ley 21.790, que forma parte de la política pública de apoyo y corresponsabilidad a la educación superior “Yo cuido, Yo estudio”, orientada a garantizar la continuidad académica de estudiantes que ejercen labores de cuidado o se encuentran en situación de embarazo, maternidad o paternidad. Estas normas responden a transformaciones demográficas y sociales, como el envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares y el aumento de la esperanza de vida. Pero también reconocen una realidad histórica: el trabajo de cuidados ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres, condicionando muchas veces sus trayectorias académicas y laborales.
A estos avances se suma recientemente la promulgación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una normativa largamente esperada que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a las distintas formas de violencia de género. Esta ley establece un marco más amplio de protección, incorporando medidas de prevención, reparación y acompañamiento a las víctimas, así como mayores responsabilidades institucionales para enfrentar este fenómeno.
Hablar de cuidados, por tanto, es hablar de justicia social y de género. Implica comprender que el desarrollo humano integral exige corresponsabilidad social. En esa línea, el pasado 16 de febrero el Papa León XIV, en su discurso ante la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia para la Vida, llamó a fortalecer una actitud de cuidado entendida como cercanía y apoyo a los demás, recordando que todos compartimos una condición de vulnerabilidad propia de la existencia humana.
Conmemorar el 8 de marzo no es solo reconocer avances. Es también renovar el compromiso con la construcción de una cultura del cuidado, de relaciones más justas y de oportunidades efectivamente equitativas. Como universidades y como sociedad, estamos llamados a formar profesionales competentes, pero también personas conscientes de su responsabilidad social, que pongan el conocimiento al servicio del bien común.
Cinthya Jara Riquelme
Directora Género de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)
