El 2023 finaliza con un balance muy negativo para el sector forestal chileno, especialmente para los pequeños propietarios forestales y las pymes madereras.
A principios de año vivimos los devastadores incendios forestales, gran parte de ellos de carácter intencional, que dejaron 26 personas fallecidas, 2.406 viviendas destruidas y arrasaron con más de 400 mil hectáreas de vegetación entre las regiones Metropolitana y Los Ríos (CONAF, 2023). De esta superficie más de 50 mil hectáreas corresponden a plantaciones productivas de pino y eucaliptus de pequeños propietarios.
Esta situación se produjo en un escenario económico especialmente complejo tanto en Chile como en el extranjero, con elevadas tasas de interés, caída abrupta de la demanda, una desaceleración de la construcción y la consiguiente caída del precio de los materiales, provocando que decenas de aserraderos e industrias manufactureras de madera detuvieran sus operaciones o definitivamente quebraran, generando despidos de cientos de trabajadores de la madera, desde el Maule hasta Los Lagos.
En medio de este sombrío escenario, las pymes forestales esperaban empatía, sentido de urgencia y responsabilidad por parte del Gobierno, pero aquello no llegó. Por el contrario, el Ejecutivo desaprovechó la oportunidad con tres proyectos de ley que podrían haber sido un gran apoyo para el sector, pero en cambio se ha visto un esfuerzo desarticulado, con una hostilidad ideológica hacia el sector forestal y sin dar urgencia a las necesidades de pequeños y medianos propietarios, perdiendo un año entero para enfrentar la crítica situación de las pymes forestales. Ejemplo de ello es el proyecto de ley de incendios que en octubre ingresó a tramitación en el Congreso, que omite la prevención de la ocurrencia de incendios y el combate a la intencionalidad, y confunde a víctimas con victimarios, gravando a los pequeños propietarios forestales con pérdida de superficie productiva como si fueran los responsables de los incendios intencionales.
Durante 2023 el Gobierno nos convocó a distintas mesas de trabajo que tuvieron un ritmo desesperantemente lento, poco ejecutivo, con dinámicas unilaterales, mensajes retóricos en el que reconocían la importancia del sector y de la madera, pero sin un correlato real sobre sus decisiones. Esta inacción podría traer diversas consecuencias, como la pérdida de empresas y empleos en muchas localidades forestales del centro y sur del país, la degradación de suelos afectados por incendios, el incumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de emisiones al 2030, así como la carbono neutralidad al 2050, y dejará como legado de este gobierno una mayor concentración económica en el sector.
La demanda de bienes producidos de manera sostenible a partir de bosques nativos y plantados, como la madera aserrada, los tableros, el papel y la bioenergía, son y seguirán siendo una necesidad para Chile y el mundo, pero nuestro país está perdiendo dramáticamente esta oportunidad. Por ello, anhelamos que para este 2024 el Gobierno de Chile escuche más, avance con urgencia y sin sesgos hacia mecanismos de fomento pertinentes a las necesidades de los usuarios, que nos permita volver a plantar y a hacer de nuestro país un ejemplo mundial de una bioeconomía sostenible, con pequeños y medianos productores de madera que sean valorados y respaldados.
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Antonia Muñoz Castillo
Analista
www.tironi.cl
