El 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una fecha crucial para recordar la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En este contexto, es esencial reflexionar sobre una realidad que a menudo pasa desapercibida. Una realidad que ocurre en las sombras del sistema penitenciario chileno, una crisis silenciosa afecta a miles de niños cuyos padres se encuentran tras las rejas. Estos niños, niñas y adolescentes enfrentan un futuro incierto, marcado por el estigma social, el trauma emocional y la vulnerabilidad, una realidad que demanda atención y acción inmediata.
A primera vista, una condena y el cumplimiento de una pena pueden parecer cuestiones estrictamente legales, enfocadas en la persona sancionada. Sin embargo, la situación se torna mucho más compleja cuando la acusada es una madre. La decisión de privar de libertad a una madre o de optar por una pena alternativa no solo afecta a la mujer en cuestión, sino que también impacta profundamente en el derecho de sus hijos a convivir con ella.
En Chile el 82% de las mujeres privadas de libertad son madres. A nivel mundial, la población femenina en las cárceles ha crecido en un 60% desde el año 2000, a diferencia del 22% de la población masculina. En Chile, las mujeres representan el 7,8% de la población penal total, siendo el segundo país de América Latina con la más alta proporción de mujeres privadas de libertad. Durante el 2023, el número de mujeres privadas de libertad alcanzó su cifra más alta en 10 años. El aumento de la población penal femenina ha llevado a una crisis de sobrepoblación y vulneración de derechos.
La separación por encarcelamiento no solo impacta el bienestar emocional de los niños, sino que también impone barreras a su desarrollo social y educativo. Estos menores son más propensos a sufrir problemas psicológicos, bajo rendimiento académico y aislamiento social, consecuencias que pueden perseguirlos durante toda su vida.
Es imperativo que el sistema de justicia chileno reconozca y mitigue el impacto de la encarcelación en los hijos de los detenidos. Las políticas deben enfocarse no solo en el castigo del infractor, sino también en la protección y el desarrollo de los inocentes afectados. La implementación de espacios amigables para niños en las cárceles, programas de apoyo psicosocial y la consideración del interés superior del niño en todas las decisiones judiciales relacionadas son pasos esenciales hacia una justicia más compasiva y efectiva.
Sin embargo, la crisis que afecta a los niños con padres encarcelados no puede desligarse de la crisis penitenciaria que vive Chile. La sobrepoblación, las deficientes condiciones de infraestructura y las precarias condiciones laborales de los funcionarios de Gendarmería generan un ambiente de violencia institucional que afecta a todos los que están dentro de las cárceles.
La crisis de los niños con padres encarcelados es un llamado a la acción para los gobiernos, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general. Es hora de que estos niños salgan de las sombras y reciban el apoyo y la atención que merecen. Solo entonces podremos esperar romper el ciclo de desventajas y discriminación que esta situación perpetua.
Paul Iturria Pedreros
Periodista
