La fiscal de Chillán Nadia Espinoza Caro formalizó investigación por delitos de corrupción contra cuatro funcionarios públicos de la Municipalidad de San Ignacio, otro del municipio de Ñiquén y dos particulares, en el marco de una investigación que realiza en varios municipios del país por ilícitos de esta naturaleza. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, tal como lo pidió la Fiscalía.
Ante el Juzgado de Garantía de Bulnes, la fiscal comunicó que investiga a César Figueroa Betancourt, alcalde del municipio de San Ignacio, por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos. El jefe comunal quedó en prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, el director de Salud del mismo municipio de San Ignacio, Krysler Monroy Castillo, fue formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco.
También quedó en prisión preventiva. Con la misma medida cautelar privativa de libertad, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, quedó el empresario chillanejo Rodrigo Carmona Olivarez, a quien se le investiga por cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos.
La cuarta prisión preventiva se decretó para Rodrigo Sandoval Terán, quien ejercía como operador político y colaborador del empresario Rodrigo Carmona. La Fiscalía lo formalizó por tres sobornos y una estafa frustrada.
En el caso del jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, Edgardo Suazo Jiménez, la fiscal le comunicó que se le investiga por dos cohechos y dos fraudes al Fisco. Quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
El tesorero municipal de San Ignacio, Hugo Troncoso Salazar, fue formalizado por cohecho y quedó con firma mensual en Carabineros, y prohibición de salir del país y de acercarse al municipio en que trabaja.
Estos imputados fueron detenidos el viernes por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble, el sábado se les controló la detención, la que fue declarada legal por el tribunal, y ese día la fiscal Nadia Espinoza solicitó ampliar la detención hasta hoy, cuando fueron formalizados.
A ellos se sumó un séptimo imputado, quien fue detenido ayer lunes. Se trata de Carlos Fernández Aedo, jefe de Administración de la Dirección de Administración Municipal de Ñiquén, quien fue formalizado por violación de secretos y cohecho. Quedó con arresto domiciliario nocturno, firma quincenal en Carabineros, y prohibición de salir del país, de acercarse al municipio y de comunicarse con los demás imputados.
El viernes, luego de que la fiscal Nadia Espinoza solicitara al Juzgado de Garantía de Bulnes órdenes de entrada, registro e incautación, se realizaron diligencias en dependencias de las municipalidades de San Ignacio, en la Región de Ñuble, y de Graneros, en la Región de O’Higgins, hasta donde también se extienden las indagatorias.
La fiscal Nadia Espinoza decretó, previo a esa diligencia, el secreto de la investigación, por lo que no es posible entregar más información que el resultado formal de la audiencia de formalización de esta jornada. Dicha audiencia duró más de siete horas y el Juzgado de Garantía de Bulnes decretó siete meses de plazo para la investigación de la Fiscalía.
jefe Bridec de la PDI Chillán, Subprefecto Germán López Zenteno.
