fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, confirmó que el pequeño menor Tomás Bravo sufrió un ataque sexual previo a su muerte.
Al respecto, Cartagena indicó que el menor “luego de quedar solo en un sitio solitario como lo señala la ley, fue acometido por terceras personas que en definitiva lo ultimaron previo, según los antecedentes que nosotros tenemos, un ataque sexual”.
“Son esos los antecedentes que yo por el momento le puedo decir que rodean nuestra convicción”, agregó al respecto la fiscal Regional del Bío Bío.
Asimismo, expresó que los antecedentes existentes “son científicos, en relación a ropas y otros antecedentes que han sido encontrados que hablan de la presencia de ADN masculino”, sin poderse acreditar a quién correspondería este último ítem.
Respecto a los motivos que derivaron en el deceso del menor, Marcela Cartagena precisó que “los antecedentes que nosotros tenemos respecto de la causa de muerte no son concluyentes, sin perjuicio que si ponen en duda los que se tenían como oficiales”.
“Los antecedentes que nosotros tenemos como causa de muerte, ni más ni menos que de la Universidad de Murcia del doctor Aurelio Luna, hablan de que no se puede llegar a una conclusión total en cuanto a cuál fue la causa de muerte, pero si descartan que hayan sido las que inicialmente se dieron por el Servicio Médico Legal de Concepción”, manifestó.
Reformalizan a tío abuelo de Tomás Bravo
En el Juzgado de Garantía de Arauco, la Fiscalía reformalizó cargos por abandono de menor con resultado de muerte, al tío abuelo de Tomás Bravo, a quien se impuso la medida cautelar de arraigo nacional.
El tribunal rechazó argumentos de la defensa que pedía considerar que el Ministerio Público había actuado fuera de plazo.
Al inicio de la audiencia en que se debatió juridicamente si procedía la reformalización, el defensor regional Osvaldo Pizarro, en representación del único imputado que ha tenido la investigación, Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, argumentó que el Ministerio Público había hecho la petición fuera de plazo, que se había cumplido el 2 de marzo.
Pizarro cuestionó la llamada facultad discrecional de la Fiscalía para llevar a cabo estos actos y aseguró que el plazo de investigación de dos años es absolutamente improrrogable.
