El Mintrab incluyó en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la obligación para las entidades empleadoras de «adoptar medidas efectivas para reducir y mitigar los riesgos asociados a la violencia externa en los lugares de trabajo, especialmente en sectores como el forestal, transporte y servicios”, medida que causó molestia entre los gremios de Futuro Madera que representan al mundo forestal.
Octubre 2024.- Los gremios del mundo de la madera, agrupados en la red Futuro Madera, conformada por la Asociación Chilena de Biomasa, la Asociación de Contratistas Forestales, la Asociación de Propietarios de Bosque Nativo, el Colegio de Ingenieros Forestales, la Corporación Chilena de la Madera y los Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, declararon su posición crítica en torno a la exigencia a las empresas por parte del Gobierno de hacerse cargo de la prevención y mitigación de la violencia externa.
La polémica surge a raíz de la decisión del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de incluir en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la obligación para las entidades empleadoras de «adoptar medidas efectivas para reducir y mitigar los riesgos asociados a la violencia externa en los lugares de trabajo, especialmente en sectores como el forestal, transporte y servicios”.
Ante esta situación, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag), señaló que “el Gobierno confunde la obligación de los empresarios en temas de violencia laboral en el trabajo y las obligaciones laborales que emanan del artículo 184 del Código del Trabajo, con la responsabilidad del Estado en la prevención y persecución de la seguridad externa, la delincuencia y el terrorismo”, Muñoz indicó que “no se le puede exigir a ninguna empresa del país la responsabilidad en el control de la seguridad externa y el orden público”.
Para la red Futuro Madera esta medida resulta especialmente preocupante para todos los tipos de empresas, ya que los privados deberán hacerse cargo de una responsabilidad que es del Estado, en cuanto a la prevención y combate de la delincuencia y el terrorismo. Las pymes no deberían ni estarán en condiciones de adoptar estas medidas, por ende, quedarán expuestas a la violencia externa que a diario pone en riesgo a las y los trabajadores, especialmente a los de rubros como el forestal y maderero, cuyas empresas están insertas en zonas de conflicto.
Lamentablemente, explican desde Futuro Madera, la subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo no hizo más que profundizar en el problema, ya que señaló que si bien la seguridad pública es responsabilidad del Estado, las empresas deben tomar acciones preventivas y de mitigación de riesgos dentro del marco de sus competencias, siempre en coordinación con las normativas laborales vigentes.
Desde la red Futuro Madera respaldan la postura de Acoforag, “todos quienes trabajamos y vivimos de la actividad forestal, lamentablemente conocemos en primera persona en qué consiste la violencia, el crimen y el terrorismo, y también conocemos lo que se siente ante la indolencia del Estado y del mundo político, pues hemos vivido sus fallos por demasiados años en nuestra propia piel” señalaron y reiteraron el llamado urgente al Gobierno a hacerse cargo de su obligación, que es la seguridad y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
