Uno de los dolores de nuestra sociedad es la manutención de niños y niñas una vez que sus padres dejan de ser pareja. La evidencia ha demostrado que a pesar de la legislación actual son demasiados los casos en los que, a pesar de existir la obligación, los progenitores no responden al pago de las pensiones de alimentos.
Esta situación impulsó cambios a la normativa actual y dio paso a la “Nueva Ley de Responsabilidad Parental” y “Pago efectivo de Pensiones de Alimentos” que entrará en vigencia en mayo de 2023. Frente a la delicadeza de este tema y su relevancia, el Instituto Profesional Virginio Gómez, sede Chillán, en conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial organizaron una charla que abordó las principales aristas que propone la nueva legislación.
De acuerdo a lo indicado por Alexis Paredes Aguilera, Director Regional Ñuble (s) Corporación de Asistencia Judicial, la actualización de la normativa vino a “reforzar medidas que impidan el incumplimiento de la obligación legal hacia los hijos a través de una directa relación con el registro nacional de deudores de pensiones alimenticias, que trae una serie de consecuencias negativas para el deudor, y que busca que se realice el pago efectivo de las pensiones adeudadas”, comentó.
Dentro de los cambios establecidos por la nueva ley se contempla la retención de fondos de cuentas bancarias y la consulta del registro de deudores al momento de solicitar un crédito, hacer una compraventa o existir un finiquito, siendo prioridad el pago de las pensiones de alimentos.Así mismo, además de reforzar el pago de esta responsabilidad a través de la solicitud a los empleadores, se integran a esta medida la imposibilidad de obtener pasaporte o la retención de beneficios estatales a los que pudiera acceder el deudor. “Como estas, la legislación trae una serie de herramientas que busca el pago efectivo de la pensión alimenticia de niños, niñas y adolescentes, como también de quienes continúen estudiando después de los 21 años”, puntualizó Paredes.
En este contexto, fue el Director de la sede Chillán del IP Virginio Gómez quien hizo énfasis en la relevancia de esta actividad. “Buscamos mejorar el acceso a la información de los y las estudiantes, titulados y comunidad en general, entendiendo que en temas delicados como este los arreglos de palabra no aplican. Estas acciones las sentimos como parte de nuestra responsabilidad como institución de educación superior y, también, como miembros de la sociedad. De esta forma fortalecemos nuestra vinculación con la Corporación, pero, a la vez, con el entorno y la comunidad”, señaló.
Cabe destacar que ante dudas jurídicas toda persona puede acercarse a la Corporación de Asistencia Judicial que corresponde a su domicilio, pedir una hora de atención y realizar las consultas pertinentes o, inclusive, solicitar la representación ante los tribunales de forma gratuita si la situación socioeconómica lo requiere.
