Las diversas estadísticas de control criminal, demuestran que la región ha sido víctima de un aumento de delitos en los últimos años, el cual se explica principalmente por la movilización de personas con conducta delictual desde otras regiones, quienes ven en Ñuble una oportunidad para asentarse y delinquir.
Tanto el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), como el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), muestran un aumento de los delitos de alta connotación social en Ñuble. Mientras que los robos en lugares no habitados han aumentado en un 41,5%, los robos con violencia en un 24,2%, según cifras entregadas.
Cabe precisar que, los registros de las policías se componen por las denuncias formales que la ciudadanía realiza en alguna unidad policial posterior a la ocurrencia del delito, sumado a los que la policía toma conocimiento al efectuar una detención en flagrancia. Es decir, mientras ocurre el ilícito.
La preocupación por los índices de delincuencia han alertado a las autoridades. El senador por Ñuble, Gustavo Sanhueza, analiza: “Si comparamos los primeros semestres de los años 2022 y 2023, tenemos un aumento de 24,2% en los eventos delictuales de robo con violencia, lo que es perfectamente compatible con la sensación de inseguridad de las personas que habitan la región”.
Y agrega que “el aumento del parque automotriz ha sido un incentivo para un aumento importante en el robo violento de vehículos. En la mitad del año 2023, hay 35 eventos de este tipo en la región. Esto equivale a un vehículo robado violentamente cada 5 días, además de los robos de vehículos habituales”.
Por su parte, el consejero regional, John Polanco, complementa: “Preocupa la frecuencia de robos en lugares habitados, por los riesgos que involucra a las familias. Dicho delito se expandió en un 41,5%, comparando los primeros semestres de estos dos últimos años”.
Sin embargo, el gobierno para hacer frente a la ola de violencia que vive el país, en abril del presente año anunció el plan “Calles sin Violencia” en 46 comunas, buscando combatir la delincuencia. Pese a que en un inicio Ñuble no estaba incorporada inicialmente, se incluyó a la capital Chillán por el aumento en delitos de mayor connotación social, que han afectado la calidad de vida de vecinos.
Para el senador Sanhueza, resulta llamativo que se deje afuera a Chillán Viejo -entendiendo que la intercomuna Chillán – Chillán Viejo es un solo territorio estratégico-, ya que “debemos considerar que desde el punto de vista de las variables sociodemográficas, esta comuna histórica tiene altos índices de vulnerabilidad y una población principalmente mayor”.
Además, dice que la preocupante falta de entrega de información del gobierno, agrava la situación, porque “no se conoce la postura de la Delegación Presidencial como de la Coordinación de Seguridad Pública Regional en cuanto a los alcances, objetivos, metas y resultados”. Asimismo, pide transparentar la información. “Necesitamos que las autoridades pertinentes se hagan presentes en nuestra región y se nos entregue respuestas concretas acerca cómo se está combatiendo la delincuencia. Por nuestra parte, encontrarán todo el apoyo que sea necesario”, enfatiza el legislador.
En la misma línea, el core John Polnaco llama a los representantes del Ejecutivo en Ñuble, a explicar por qué la región quedó al margen del “Programa Somos Barrios”. Y cuenta que “el objetivo de esta iniciativa es disminuir los delitos complejos en barrios prioritarios del país, incrementando el despliegue policial y la implementación de políticas de desarrollo social para el bienestar de los vecinos. Nuestra región no fue considerada, dentro de un total de 38 barrios beneficiados en el país”.
Por último, las autoridades solicitaron la reactivación del “Programa de Televigilancia Móvil”, el cual tiene por objetivo apoyar la prevención del delito a través de la realización de patrullajes aéreos, operando en la región desde el año 2020. Su funcionamiento demostró buenos resultados, tanto así que el Consejo Regional de Ñuble aprobó el 2021 la asignación de recursos por un monto de $316.125.450.
“Al día de hoy no han sido traspasados desde el Gobierno Regional de Ñuble a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y esto se debe a que la subsecretaría no ha solicitado formalmente los recursos. El no traspaso, está afectando las políticas de seguridad en la región, además de sacrificar las inversiones y costos que ha significado para el Estado la implementación de este convenio”, se lamenta el core Polanco.
Las autoridades de la UDI coincidieron en que no se aprecia un plan macizo y sistemático de parte de la Delegación Presidencial para enfrentar la inseguridad que enfrenta la región.
