Fiscalía obtiene prisión preventiva para cuatro excarabineros que integraban agrupación criminal para cometer delitos en Quillón.
El fiscal Pablo Fritz Hoces obtuvo la prisión preventiva para Michel Espinoza Jara, Bernardo Cares Meliñanco, Rodrigo Soto Ibáñez y Rudy Huenuhueque Neculhueque, quienes en su calidad de carabineros de la Subcomisaría de Quillón (dados de baja tras sus detenciones) cometieron diversos delitos: obstrucción a la investigación, falsificación de partes entregando actas y declaraciones sustancialmente falsas, denuncias falsas, cohecho, hurto simple, detenciones ilegales, y microtráfico de drogas.
El fiscal expuso que los imputados formaban parte de una organización criminal que “se organizó para la comisión de crímenes y simples delitos, prevaliéndose en la gran mayoría de los casos de su condición de agentes del Estado”. Acotó que esta acción sostenida en el tiempo se arrastra desde mayo de este año y, según la Fiscalía, el líder de esta organización delictual es el exsargento primero Michel Espinoza.
La investigación de la Fiscalía y de la Sección de Asuntos Internos (Saicar) de Carabineros de Ñuble estableció que, el 10 de mayo de este año, la agrupación criminal llegó hasta un local de juegos de azar de propiedad de un ciudadano chino, a quien se llevaron detenido, argumentando un delito aduanero. Incautaron 1,5 millones de pesos, pero sólo informaron y entregaron 359 mil pesos en el cuartel policial.
En un segundo hecho, ocurrido el 16 de mayo último, que afectó a otro comerciante chino, el grupo delictual llegó hasta su local comercial “por los supuestos delito de rotura de sellos, cohecho y contrabando de cigarrillos, inexistentes en la realidad”. No hubo orden judicial ni se configuraba ninguna situación de flagrancia, recalcó el fiscal Fritz.
Uno de los imputados se llevó detenido al dueño del local, mientras los otros tres se apropiaron de 1 millón 800 mil pesos (desde una mochila y la caja), siete bebidas Red Bull, 30 latas de bebidas y 10 cajas con bombones. Para evitar registros, sustrajeron también el equipo DVR que grababa las imágenes de las cámaras de seguridad de tenía el negocio.
“Esta detención produjo la emisión del parte 500; con todos sus anexos, que incluye las actas y declaraciones suscritas por los acusados que contienen información sustancialmente falsa, en cuanto a la cantidad del dinero en efectivo incautado, dando cuenta sólo de 256 mil; no consignando la incautación de la mochila, el equipo DVR y la bandeja con monedas”.
El mismo día, un procedimiento idéntico ocurrió en el local de juegos de azar de la primera víctima china. Allí sustrajeron 900 mil pesos, pero informaron 359 mil pesos para la elaboración del parte. En este caso, la víctima china pidió que le llevaran a la comisaría una chaqueta, desde donde uno de los excarabineros formalizados, Michael Espinoza, le sustrajo 200 mil pesos.
A lo anterior, se suma una detención ilegal sin que mediara una situación de flagrancia u orden judicial. Esa vez, se llevaron 190 mil pesos desde la casa de la víctima.
En otra oportunidad, detuvieron a un hombre que incumplía un arresto domiciliario. También revisaron su casa, desde donde hurtaron especies y detuvieron, sin causa legal alguna, a la esposa del imputado. A ella, el líder de la banda le sustrajo 300 mil pesos bajo intimidación, por lo que Michael Espinoza fue formalizado también por robo con intimidación. Nuevamente, informó en el parte una cantidad menor a la incautada, esta vez, 89 mil pesos.
El fiscal Pablo Fritz Hoces expuso en la audiencia de formalización que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación, argumento que recogió el tribunal al decretar la prisión preventiva.
El Juzgado de Garantía de Bulnes dio cuatro meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros.
La magistrada María Alejandra Cruz Vial expuso que el actuar de los imputados daña gravemente la fe pública: “Me hace pensar que muchas veces me equivoqué y dicté resoluciones injustas por creerles”, dijo.
“Alterar el contenido de los partes policiales merece el mayor reproche y preocupación, ya que pone en riesgo las bases del procedimiento penal, si consideramos que son el insumo de cada audiencia de control de detención en todos los tribunales de garantía del país”, expresó el fiscal.
Destacó el trabajo de la propia institución de Carabineros, “en el sentido de contar con un equipo investigativo fiable y que realizó su tarea de forma sigilosa para llegar a este resultado”, dijo el fiscal.
